Comunicado de sociedad civil sobre decreto 670 de MinComercio

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Hace un par de semanas el Ministerio de Comercio firmó el decreto 670 que modifica el procedimiento de declaración de interés público. Sobre esta decisión presentamos nuestra posición de la mano del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed), el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia (CIMUN) y la Fundación IFARMA. A continuación presentamos el Comunicado de sociedad civil sobre decreto 670 de MinComercio:

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Los principales medios de comunicación del país dieron cubrimiento a esta decisión, llamando la atención sobre las tensiones internas del alto gobierno en la toma de decisiones.

El tiempo (mayo 8 de 2017)

Un golpe a la salud

No causa buena impresión que dentro del propio gobierno se tomen medidas que se contradicen y menos si estas parecen orientadas a contrarrestar decisiones que han sido determinantes en la consolidación de políticas presentadas como trascendentales, incluso en los balances de gestión presidencial.

El espectador (5 de mayo de 2017)

Semana

La emboscada de la Mincomercio al Minsalud

Bajo presión de la poderosa industria farmacéutica ese Ministerio crea una regulación que limita y atrofia la declaratoria de interés público de medicamentos, que impulsaba Minsalud para reducir costos a los particulares y al sistema

Contagio Radio (mayo 8 de 2017)

http://www.contagioradio.com/saludmedicamentoscolombia-articulo-40148/

El 9 de mayo la Ministra de Comercio, Industria y Turismo publicó en El Espectador una comunicación sobre este decreto en la que declara que:

“No estamos legislando para atender los intereses de un sector de la economía. Estamos legislando para que estas decisiones tengan más calidad técnica, más articulación y más transparencia”.

Coincidimos plenamente con el objetivo de aumentar la calidad técnica, articulación y transparencia en esta toma de decisiones, mas no consideramos que para ello hubiera sido necesario el decreto y que, adicionalmente, la redacción del decreto trae las consecuencias desfavorables que planteamos en nuestro comunicado.

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En todo caso, a la larga lo que requerimos como país es que el Gobierno Nacional no escatime en hacer uso de las herramientas a su disposición (control de precio de medicamentos, declaraciones de interés público, negociaciones centralizadas de precios, establecimiento de criterios estrictos de patentabilidad, etc.) para priorizar el derecho fundamental a la salud por encima de los derechos de propiedad intelectual, el lucro y los interes comerciales.

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