El anuncio y la caída de la iniciativa en favor de la salud
El pasado miércoles 1 de mayo el Senador del Partido Cambio Radical Richard Aguilar, anunciaba a través de su cuenta de twitter la inclusión en los textos finales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, de un artículo que obligaba a todo aquel que quisiera patentar un medicamento en Colombia, a indicar en la solicitud la Denominación Común Internacional (DCI) otorgada por la OMS en español.
Proposición final
Proposición incial
Horas más tarde el Senador denunció que el sistema de aprobación del PND y la falta de voluntad de parte de congresistas impidió la realización de conciliaciones entre la versión aprobada por la Cámara de Representantes y la del Senado, llevando a que se bloqueara la inclusión del artículo (junto a la de una veintena más) y que se precipitara la aprobación del PND a la media noche de ayer 2 de mayo de 2019.
Según nos informan fuentes cercanas al Congreso, la oposición a la realización de la conciliación tuvo orígen en el lobby de las multinaciones en la Cámara y en el Gobierno que vieron como amenaza tener mayor transparencia en el sistema de patentes de Colombia y por eso hicieron todo lo que estuviera en sus manos para evitar diálogo en el Congreso que pudiéra llevar a su inclusión.
¿Qué es la Denominación Común Internacional (DCI)?
Pertenezco a todos pero no soy propiedad de nadie.
Me llaman de la misma manera en la mayoría de los idiomas, y significo lo mismo en todo el mundo.
Me parezco a mis semejantes, pero soy distinto de los 8.500 que me precedieron.Soy una denominación común internacional (DCI), un nombre genérico exclusivo asignado a casi todos los principios activos utilizados en los medicamentos de todo el mundo.
La importancia del nombre
Grupo de Expertos en denominación común internacional de la OMS
“Dos veces al año, el Grupo de Expertos en DCI de la OMS se reúne para crear y examinar minuciosamente los nombres de nuevas sustancias utilizadas en los medicamentos. El objetivo consiste en crear un nombre único, una DCI, que los médicos, farmacéuticos, científicos, encargados de reglamentación farmacéutica y pacientes puedan reconocer y utilizar en todo el mundo.”
¿Qué tenía de bueno ese artículo?
Principal y fundamentalmente procuraba incrementar la transparencia en el proceso de patentamiento de los nuevos medicamentos que redundaría en la facilitación de la competencia farmacéutica y por ende en la disminución de precios de medicamentos en el país. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), contar con la DCI podría mejorar las posibilidades de búsqueda de los documentos de patentes, condición que en principio, favorecería a todos los interesados.
Transcribimos a continuación el párrafo al que hacemos referencia:
“50. La mejora en las posibilidades de búsqueda de los documentos de patente en el ámbito de las sustancias farmacéuticas, mediante una función de búsqueda con palabra clave basada en la DCI, favorecería en principio a todos los interesados. Al tiempo que la divulgación de la DCI en las solicitudes de patente ayudaría a los examinadores de patente a realizar búsquedas exhaustivas del estado de la técnica, lo cual fortalecería la validez de las patentes una vez concedidas, ello redundaría a su vez en el interés general de los solicitantes. Si la información de la DCI pertinente quedara vinculada a las correspondientes solicitudes de patente, uno de los beneficios potenciales consistiría en que se vería mejorada la posibilidad de búsqueda de patentes relativas a una sustancia farmacéutica activa en las bases de datos de patentes públicas, que normalmente son de uso gratuito.”
OMPI – Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (2018)
Actualmente conocer qué está patentado y qué no, es uno de los agujeros negros en el universo de la producción y comercialización de los medicamentos. Una patente le otorga a su titular un monopolio de 20 años para ‘recuperar la inversión’ realizada para el desarrollo del producto. Mientras esos 20 años pasan, para saber qué está patentado y qué no hay que ser un experto en la propiedad intelectual y por ende los ciudadanos en general no podemos saber si un medicamento que está en el mercado colombiano se encuentra patentado o no.
Las consecuencias de la falta de transparencia en este aspecto del sistema de patentes son diversas, pero destacamos dos: si la industria competidora (genérica) no tiene claridad sobre el principio activo patentado, en muchas ocasiones se abstiene de incursionar en el mercado por miedo a las demandas económicas del titular de la patente. Esto fortalece y extiende el monopolio manteniéndolo más allá de los tiempos de vigencia de la patente y los consecuentes precios altos.
Por otro lado si como ciudadanos queremos ejercer veeduría en torno a las políticas de acceso y propiedad intelectual en medicamentos, no saber qué medicamentos de precios elevados están patentados y cuáles no significa realizar veeduría con un ojo vendado y con las manos amarradas. Así como actualmente en Colombia los ciudadanos conocemos qué medicamentos tiene registro sanitario también deberíamos poder saber qué medicamentos se encuentran patentados.
El debate en redes sociales: prioridades, intereses, tiempos
Nos sorprendió encontrar en la red social Twitter un álgido debate entre quienes propusieron y respaldaron la inclusión del artículo y los opositores. No solo sorprendió la ocurrencia sino también los actores. Muchos de ellos exfuncionarios del Gobierno que pasaron a defender intereses de particulares.
El artículo en cuestión fue tomado como una grave amenza por parte de exfuncionarios del Gobierno y como una ventana de transparencia y de mejora en las condiciones del mercado de medicamentos en Colombia por parte de académicos, expertos y políticos nacionales.
La ex-ministra de Comercio (2016-2017) Ma. Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Americana de Comercio (AmCham Colombia) desde su salida del gobierno, a través de su cuenta de Twitter, alertaba sobre cómo el artículo propuesto “genera una barrera para industria farma, modifica régimen de propiedad intelectual y es trato desigual con extranjeros”.
A este mismo tuit, el Dr. Oscar Lizarazo experto en derecho de propiedad intelectual y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, respondió con una interpretación pro interés general, de la norma Decisión 486.
Por su parte el exsuperintendente delegado para la propiedad industrial José Luis Londoño, que ahora dirige la nueva oficina para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas INTA, y el ex-superintendente de Industria y Comercio del país Pablo Felipe Robledo, desacreditaron como “mico” esta figura que buscaba favorecer el interés público:
En respuesta, diversos actores expresamos nuestro rechazo a estos sesgos de criterio que atentan contra el interés general:
En conclusión, es indudable el benefició que traería para el país tener mayor transparencia en el sistema de patentes. Seguiremos empeñados en este esfuerzo.
