El plan de Colombia para garantizar el acceso a una posible vacuna contra el SARS-CoV-2

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Durante la pasada rendición de cuentas del Ministerio de Salud  elevamos desde el Comité de Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS) la siguiente pregunta:

“¿Qué acciones contingentes inmediatas está desarrollando el Ministerio y el Gobierno para contener las inminentes situaciones desfavorables que presentará el país frente al acceso de una posible vacuna útil en el tratamiento de la COVID-19 ?

En su respuesta, el Ministro Ruíz señaló varios puntos que dejaron preocupaciones diversas. A continuación nuestra reflexión sobre la respuesta:

  1. Un respaldo de Colombia a la Resolución la Resolución WHA 73.1 de la pasada Asamblea Mundial de la Salud, que respecto del  favorecimiento en cuanto al acceso a tratamientos COVID-19 solo hace un “llamamiento” a considerar vías compatibles con las disposiciones de los tratados internacionales, en particular las de las flexibilidades reconocidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.
  2. El interés de promover un acceso equitativo mediante dos posibles vías de adquisición de la vacuna: un proceso de compra extensiva por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el apoyo de Colombia  a la estrategia europea de recolectar fondos para Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI).
    Frente a la opción de la compra extensiva preocupa la inestabilidad institucional y financiera por la que pueda estar pasando la OPS luego del anuncio del presidente Donald Trump de suspender aportes a la Organización Mundial de la Salud.
    Por otra parte, la financiación de la vacuna vía GAVI es una apuesta que se rodea de  diversas controversias. En este momento más de 50 países alrededor del mundo estarían destinando fondos públicos a pagos anticipados de un desarrollo de vacuna sin condiciones ni mecanismos transparentes de rendición de cuentas, en particular para países como Colombia no es claro cómo esta participación podría favorecer de forma concreta la disponibilidad inmediata de la vacuna cuando esta esté disponible, en caso de llegar a estarlo.
  3. Tal vez el anuncio que más alerta es el interés del Ministerio en que la población colombiana participe en estudios clínicos Fase III.  Los estudios clínicos de vacunas representan todo un desafío ético por la eficacia inicial con la que se prueban, por ejemplo las vacunas contra la influenza recomendadas para adultos mayores presentaron una eficacia en la prevención de la neumonía de 46%, cuando correspondían con el serotipo circulante. Una decisión de este calibre e impacto no puede ser tomada de manera ejecutiva por parte del Ministerio, es necesario que para ello se realice un proceso de consulta ciudadana exponiendo manera detallada los riesgos que para la población colombiana implicaría dicha participación.

Esta fase de posible introducción de tratamientos para la COVID-19 impone unas decisiones de política que si bien son desafiantes para cualquier país, exigen la participación de sectores sociales, académicos y de sociedad civil. Sin duda esto garantizará lograr  las mejores evidencias biomédicas y científicas, la identificación de capacidades locales y regionales, sin poner en riesgo  el bienestar y cuidado de toda la población en general y de aquellas personas en mayor condición de vulnerabilidad.

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