Por David Enrique Betancourt Cruz | Asesor técnico especializado en Misión Salud | Moderador de la Lista de correos de la Alianza LAC-Global por el acceso a medicamentos.
El pasado 6 de julio la coordinación de la Alianza LAC-Global por el Acceso a Medicamentos (coordinada por Misión Salud) compartió con su Lista de correos una síntesis descriptiva sobre lo acontecido en la Asamblea Mundial de la Salud y la resolución WHA 73.1. Las reflexiones compartidas abarcan la respuesta de diversas organizaciones de la sociedad civil globales y de América Latina y el Caribe y la reflexión propia del equipo coordinador[1].
Como primera reflexión se destaca que varias organizaciones de sociedad civil1 hicieron alusión a la necesidad de que las tecnologías para abordar el COVID-19[2] sean consideradas como “Bienes Públicos Globales”. Otras organizaciones apoyaron la propuesta de Costa Rica y de la OMS para crear un pool mundial de derechos de invenciones, datos, recursos biológicos y conocimientos útiles para la prevención, detección y tratamiento del COVID-19.
Respecto a la financiación de Investigación y desarrollo (I + D), algunas declaraciones hacen énfasis en que los resultados, los datos, los compuestos prometedores, los protocolos de ensayos clínicos y los resultados sean de dominio público, al mismo tiempo que exigen total transparencia de las inversiones públicas masivas en el descubrimiento y desarrollo de herramientas de salud COVID-19 y mayor transparencia en el manejo de dichos recursos.
Se observó también preocupación generalizada sobre el acceso a dichas innovaciones, por lo que se propuso garantizar una producción suficiente, equitativa y un precio asequible a los países más vulnerables. Lo anterior, no puede desconocer otras enfermedades que podrían verse eclipsadas por un enfoque exclusivo en soluciones frente a la COVID-19.
Si bien, estas propuestas han perdido fuerza en las últimas semanas y se han visto eclipsadas frente a las iniciativas europeas[3], Colombia tendría que tomar una posición diplomática coherente y seria dada su posición actual en Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Principalmente si el país busca garantizar el acceso a dichas tecnologías.
No hay que olvidar que la declaratoria de interés público de las tecnologías para abordar (prevenir o tratar) la COVID-19 para producirlas en Colombia sigue siendo una alternativa viable en el marco del derecho internacional de la Propiedad Intelectual. Además, el Gobierno Nacional no puede desaprovechar este contexto para avanzar hacia una verdadera autonomía farmacéutica[4], que permita manterner y fortalecer capacidades productivas y probablemente aumentar los niveles de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación; esto atenuaría la ola de desindustrialización experimentada desde los años 80 y así contribuir al cumplimiento de la garantía del derecho fundamental a la salud.
Volviendo a la selección de declaraciones, hay que anotar que, para varias organizaciones de sociedad civil, las tecnologías no deberían estar sometidas al sistema de patentes. También, invitan a participar activamente en el multilateralismo, las soluciones negociadas, las reglamentaciones vinculantes y la salud pública basada en la ciencia para encontrar una solución eficaz al COVID-19[5].
Las declaraciones referenciadas distan bastante de los enunciados de la Resolución WHA 73.1, que al respecto solo hace un “llamamiento” a las organizaciones internacionales y otras partes interesadas para que “colaboren a todos los niveles para desarrollar y someter a prueba medios diagnósticos, tratamientos, medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para responder al COVID-19, y para ampliar su producción, en particular mediante los mecanismos existentes de mancomunación voluntaria y autorización de licencias de patentes a fin de facilitar el acceso oportuno, equitativo y asequible a tales productos, de forma compatible con las disposiciones de los tratados internacionales, en particular las del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y las flexibilidades reconocidas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública”.
Además, se constató que en la Resolución no se proponen herramientas concretas para su implementación y que resultó poco ambiciosa a la hora de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos, incluidos los países más olvidados[6]. Por otra parte, si bien en la Resolución WHA 73.1 en OP7.12 invita a los Estados a que: “Colaboren para promover la investigación y el desarrollo con financiación tanto privada como pública, así como la innovación colectiva, en todos los ámbitos pertinentes relativos a las medidas necesarias para contener y poner fin a la pandemia de COVID-19, en particular sobre las vacunas, los medios de diagnóstico y los tratamientos, y compartan información pertinente con la OMS;” existen varias y serias preocupaciones en torno a los destinos que tendrán los fondos recolectados desde comienzos del mes de mayo por la Comisión Europea, y sobre todo, al acceso y la distribución equitativa para países de bajos y medianos ingresos.
A continuación se resaltan algunas iniciativas de América latina y el Caribe que consideramos de interés regional:
- El Gobierno de Costa Rica solicitó a la OMS facilitar acceso a tecnologías para responder al COVID-19. La propuesta fue presentada por el Presidente de Costa Rica y el Ministro de Salud al Director General de la OMS. La carta propuso la creación de un depósito de conocimiento existente relacionado con pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas, que estaría disponible en forma de patentes, tanto otorgadas como en proceso; datos de prueba proporcionados a las autoridades reguladoras, conocimiento experto, líneas celulares (cultivos celulares), derechos de autor y diseños para la fabricación de pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas. Sobre esta iniciativa la Resolución WHA 73.1 no es específica sobre la necesidad de establecer un pool de tecnologías como se propuso por Costa Rica con el respaldo del propio Director de la OMS.
- La Fundación GEP de Argentina está llamando la atención sobre la práctica de algunas multinacionales farmacéuticas de firmar licencias voluntarias no exclusivas con algunos fabricantes de genéricos. Para la Fundación GEP esta maniobra expone a los países de América Latina, que no serían beneficiarios directos de la mencionada licencia voluntaria, incluida Colombia.[7]
- Por otra parte, se destaca un pronunciamiento del Centro del Sur, organización que promueve la unidad del Sur, entre otros señala que:
“Todos los medicamentos, diagnósticos, vacunas y productos para la salud relacionados con COVID-19, existentes o futuros, deben considerarse bienes públicos mundiales, como lo indicó claramente el Secretario General de las Naciones Unidas el 24 de abril. Esta será la única forma de hacer estos productos disponibles para todos, en todas partes, al mismo tiempo”.
El pronunciamiento también invita a los países Miembros de la OMS a que reinventen la Organización, proporcionandole instrumentos para implementar sus resoluciones de conformidad a su constitución, (incluido el artículo 19). También, invita a no olvidar los objetivos de la Agenda 2030 y la cobertura sanitaria universal.
Esperamos que esta información sirva para la reflexión sobre el complejo panorama existente en el mundo ante la posibilidad de contar con una posible vacuna, medicamento útil, tratamiento o tecnología, que sea accesible a un coste razonable. También, que dichas soluciones estén disponibles de forma equitativa en Colombia y en las zonas y ciudades más vulnerables de América Latina y el Caribe.
Comunicado lista Alianza julio 2020***
[1] Misión Salud resalta las siguiente selección y describimos aquellas consideradas excepcionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde organizaciones como la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, acrónimo de Drugs for Neglected Diseases initiative), Knowledge Ecology International, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières International, Medicines for Malaria Venture, Medicines Patent Pool Foundation, Medicus Mundi International, Network Health for All, IntraHealth International y Stichting Health Action International, todas ellas disponibles en el link citado arriba.
[2] En este texto se acogen las directrices publicadas por la Real Academia Española sobre el uso del acrónimo COVID-19. https://www.rae.es/noticias/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus
[3] A finales de abril de 2020 en un acto co-patrocinado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Presidente de Francia, la Presidenta de la Comisión Europea y la Fundación Bill y Melinda Gates fue lanzado el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) que busca, avanzar rápidamente en el desarrollo, la producción y el acceso global equitativo a diagnósticos, terapias y vacunas COVID-19 seguros, de calidad, efectivos y asequibles. La coordinación general para ACT-Accelerator es el Grupo de facilitación, destinado a supervisar el progreso de los tres pilares principales: vacunas (co-coordinadores: CEPI y Gavi), terapéutico (co-coordinadores: Wellcome Trust & Unitaid) y diagnóstico (co-coordinadores: FIND y Fondo Mundial): https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies .
[4] “La ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, hizo una presentación en la que señaló que la fabricación de materias primas se ha concentrado en aquellos lugares donde salga más barata y que la innovación se concentra en empresas muy focalizadas y sobre el recurso humano afirmó que un componente muy importante en Colombia, son los jóvenes y que ellos tienen en sus manos una gran oportunidad de generar innovación”: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1136-colombia-hacia-una-seguridad-farmaceutica-tema-central-hoy-en-audiencia-publica-del-senado
[5] Ver el texto completo del comunicado compartido con la lista de la Alianza con el listado completo de iniciativas de Europa, EE. UU y otras regiones aquí.
[6] Ver sobre este punto los OP8.2 y OP9.8. de la resolución en español https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-sp.pdf
[7] “Las licencias voluntarias son una estrategia de las corporaciones farmacéuticas multinacionales para esconder, con supuestos fines altruistas, la avaricia mercantilista y de dominación del mercado con la que intentan apropiarse de nuestro derecho a la salud. Debemos liberar a las tecnologías médicas del perverso sistema de patentes.” José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP.
