Por: Francisco Rossi de Fundación IFARMA
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Finalizó sin pena ni gloria la 69 Asamblea Mundial de la Salud (23 a 28 de mayo de 2016). A pesar de que, a criterio de muchos actores del sector de Salud, la OMS se encuentra en un punto crítico, su burocratización y su politización hicieron posible que, a pesar de encontrarse en una profunda crisis, todos los delegados se deshicieran en saludos, agradecimientos, elogios mutuos y excesos diplomáticos, para que nada fuera discutido en profundidad, nadie se molestara, nada se decidiera.
Que la OMS se encuentra en un punto crítico es una afirmación fácil de demostrar. Un punto crítico que se expresa en un descrédito internacional como consecuencia de su errático accionar en las epidemias, reales o infladas, de los últimos años. Hace ya más de 4 años que se lanzó un “´profundo” proceso de reforma en el que no se han visto avances. El proceso de “privatización” de la Organización, lejos de detenerse, se profundiza año por año, al punto que ya no son los países si no los donantes los que definen la agenda y las prioridades de la salud pública global. El presupuesto proveniente de fondos “extrapresupuestarios” ya supera el 80%. El debate sobre el tratamiento a los actores no estatales y en particular a los conflictos de interés, se ha estancado por 3 años y la organización continúa dando el mismo tratamiento a representantes de la industria farmacéutica o de alimentos procesados que a las ONG o a representantes de diferentes Iglesias.
Uno de los temas en los que más se ha visto comprometido el prestigio de la agencia multilateral de la salud, ha sido el debate sobre innovación, propiedad intelectual y salud pública. Después de un largo y accidentado proceso que tomó más de 10 años, en la Asamblea No 61 (2008) se adoptó una “estrategia Global” y un “Plan de Acción”, para resolver la crisis de innovación y los problemas relativos al acceso, derivados del uso y el abuso de los derechos de propiedad intelectual. Esta estrategia global y este plan de acción reflejaron en su momento el liderazgo de países que pudieron demostrar que el modelo de innovación no solamente no apuntaba a resolver los problemas prioritarios de salud de los países en desarrollo, sino que, orientado a enfermedades crónicas, estaba ofreciendo productos cuyos precios estaban lejos del alcance de sus ciudadanos y de sus sistemas de salud.
Un importante listado de estrategias, acciones y prioridades se derivaron de esta asamblea mundial, que se tradujeron en un plan de acción. Sin embargo en los años siguientes este plan de acción se ha visto diluido, tergiversado y finalmente anulado por la intervención de los gobiernos de los países desarrollados que han optado por proteger sus industrias estratégicas así ello genere sufrimiento y muerte para los pobres de todos los países y especialmente en los países pobres.
En la asamblea No 69 (2016), la que terminó lánguidamente, la “Estrategia Global” y el “plan de Acción” sobre innovación, propiedad intelectual y salud pública, han sido reducidos a una expresión ciertamente mínima que tiene como componentes la creación de un observatorio global y el desarrollo de planes de seguimiento a la inversión en investigación en diferentes países.
La culpa la tienen los países, la tienen los gobiernos. Y la tienen con mucho los países en desarrollo que no han conseguido acumular la fuerza para levantar la voz y reconstruir una organización, que por su naturaleza, es irreemplazable. Que no han tenido el valor de impedir que se fragmente la salud en programas y fondos globales para patologías específicas.
Pero sobre todo la tienen los gobiernos de los países ricos, que han optado por actuar en defensa de las grandes industrias de alimentos, medicamentos y productos químicos y que como dijera OXFAM en su informe sobre la concentración de la riqueza, a pesar de tenerlo todo, quieren tener más.
Lo único que significó un destello de luminosidad en esta tristeza, lo que brilló justamente por su escasez, fue la valiente y sólida intervención del Ministro de Salud de Colombia, manifestando a sus colegas de los 138 países, que los sistemas de salud no podrían sostener el crecimiento del gasto en medicamentos y que resultaba tan legítimo como imperativo intervenir los precios, las patentes y sobre todo, las condiciones de uso de las nuevas tecnologías.
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