De manera admirable y ampliamente estructurada, Ecuador plantea la transición de una economía basada en los recursos finitos, a una basada en los recursos infinitos, como lo son el conocimiento, la creatividad y la innovación.
Esta transición es formulada articulando la academia, el sector productivo, la sociedad y el Estado para garantizar los derechos de la población y cambiar el patrón productivo del país. En lo que se refiere a acceso a medicamentos, encontramos en esta iniciativa un enorme potencial hacia la salud de la población, digno de ser seguido por más países en el mundo, “siendo este un concepto real y viable que permite un desarrollo social y económico de manera equilibrada”. La privatización o “restricción” del conocimiento entorno a los medicamentos, a través de modelos de propiedad intelectual que priorizan los derechos comerciales antes que los derechos humanos, ha tenido desenlaces profundamente trágicos en términos de enfermedad, sufrimiento y vidas humanas tanto en Latinoamérica como en el mundo entero. Por la “restricción” de la información, la oferta de medicamentos de bajo costo es en muchos casos nula y en otros reducida, llevando a que los sistemas de salud basados en los medicamentos como opción terapéutica tengan como única alternativa medicamentos monopólicos de alto costo. Reconocer que el conocimiento asociado a los medicamentos repercute directamente en el ejercicio del derecho fundamental a la salud por parte de las personas, y que por ende es un bien común que ha de estar al servicio de ellas, tiene el potencial de transformar las dinámicas que limitan el acceso y la innovación en salud.