Por: Alejandro Angulo S.J. – Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-
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El “crimen silencioso”, denunciado por el director de Misión Salud, resuelve hablar. Afidro protesta porque el Invima evalúa los productos farmacéuticos. Con toda razón el Ministro Gaviria le responde que lo que el Estado está haciendo es “defendiendo el bolsillo de la gente” (El Tiempo, 28 julio 2016). Este no es sino un nuevo episodio de la guerra contra la humanidad promovida por los gestores del enriquecimiento rápido, en este caso, la industria farmacéutica internacional y nacional. Los argumentos para defender este abuso demuestran un deterioro ético que pone en peligro la supervivencia de las poblaciones.
En su valiente y cuidadoso estudio de la guerra contra los genéricos y en su propuesta de que esta guerra sea considerada crimen contra la humanidad, Germán Holguín coloca el debate en el campo ético y no sólo en el jurídico, sin descuidar la refutación de los sofismas económicos. La mercantilización de la producción de medicamentos ha conducido al mundo a ese fatal enfrentamiento entre el lucro y el derecho a la vida. Y en este enfrentamiento, como en todas las guerras, la primera víctima es la verdad, porque si se engaña al paciente se lo puede esquilmar sin misericordia.
También en este nuevo episodio, como en el caso de los genéricos, la objeción de Afidro va en contra de su código de ética 2015, donde proclama: “El Código de Ética AFIDRO surge como herramienta de autorregulación que establece las pautas y criterios con base en los cuales las compañías asociadas entablan sus relaciones con los diferentes actores del sector salud, buscando siempre de manera prioritaria el beneficio del paciente”. El Ministro de Salud tiene que salir a señalar cómo la regulación no va contra la libre empresa, sino contra la libre explotación de los pacientes, cuyo beneficio Afidro alardea de buscar” siempre de manera prioritaria”.
El Procurador General de la Nación también defiende, como Afidro, la libre empresa de explotación de los pobres. Todo es cuestión de impunidad frente a la injusticia social, basada en la defensa de la propiedad privada, entendida como el derecho de que el pez grande se pueda comer al chico sin tener que pagar ningún precio. El asunto queda, entonces, en manos de la Corte Constitucional. Junto con el Ministro, deseamos que “el alto organismo se ponga del lado de la gente”. De lo contrario, prevemos que la anhelada paz del país seguirá siendo la del sepulcro.
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